Innovar en España está chupao.
Este es el primer post de una serie limitada donde os introduciré en algunas cuestiones del inaudito mundo de la innovación en España. Tras una breve declaración de intenciones sobre lo que quiero destacar con esta serie, justifico mi titulo según las siguientes definiciones.
Para Javier Alvear, desde el siglo XVIII, "repartir estopa" significa "arrear cañonazos, bombardear, joder al enemigo” (http://www.libertaddigital.com/opinion/amando-demiguel/interpretaciones-de-algunas-frases-hechas-36261/)
Para nuestra Real Academia de la Lengua innovar es “mudar o alterar algo, introduciendo novedades” y como definición antigua” volver algo a su estado anterior”, y en voilá!, uno de los motivos por los que innovar en España está chupao.
¿Sería innovar introducir la rueda en un país que no la tuviera en pleno siglo XXI? Pues en España parece que sí, se va a “innovar” aprobando una Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, o al menos eso ha esgrimido nuestro presidente del gobierno en el último debate sobre el estado de la nación.
Nó, tranquilos, no es que diga que no hace falta, pero entonces os preguntareis ¿porqué lo digo?
En España nunca ha existido una ley de acceso a la información pública. Un 50% de las peticiones de los ciudadanos sobre datos públicos quedan sin respuesta según denuncia Access Info Europe, ya que no hay una ley que obligue a las instituciones a facilitar dicha información.
Resulta que en la actualidad hay 93 países en todo el mundo con leyes de acceso a la información pública. La web Global Right to Infomation Rating recoge todas estas leyes, ordenadas de mejor a peor y por países.
En Europa no tienen ningún tipo de leyes 'transparentes' Chipre, Luxemburgo y España, siendo este último el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no tiene una ley específica reguladora del derecho de acceso a la información pública.
Y ¿Para qué ha sido eficaz en algunos países?
Reino Unido ha sido uno de los últimos países en poner en vigor de manera efectiva una ley de este tipo. Al principio de aprobarse en 2005 se solicitaron las facturas de las dietas de los diputados y el periódico inglés The Guardian las publicó en la Web. Había algunas facturas que destaparon que algunos diputados compraron con dinero público desde artículos para su jardín hasta casas para su pato (¿os suena de algo?).
Durante cuatro años, los ingleses realizaron más de 4.000 solicitudes para conocer cualquier dato de las instituciones públicas. También se ha creado una Web inglesa que recoge, a través de un buscador, todo tipo de información sobre las solicitudes ya realizadas en Reino Unido. En otros países como Estados Unidos, el gobierno impulsó el portal data.gov para dar mayor transparencia.
Continuará…
Por: Susana Bueno
esto promete...
ResponderEliminarAndrés